Esta es la primera parte de una reflexión por correo electrónico dividida en dos, porque el momento presente no puede comprenderse únicamente a través de los titulares. En esta primera parte, trazo cómo se construyó el sistema actual de control migratorio y cómo las narrativas dominantes que lo rodean pueden limitar lo que somos capaces de ver. En la segunda parte, abordaré a los Terrenales, la ciudadanía estadounidense y el futuro político del hemisferio.

La crisis migratoria actual puede parecer repentina. Los agentes de inmigración son cada vez más visibles en lugares de trabajo, vecindarios, tribunales y calles. La detención se está expandiendo. Personas con relaciones de larga data con este país están siendo separadas de sus familias y comunidades. Protecciones legales que antes se consideraban relativamente estables están siendo limitadas o retiradas, y los encuentros fatales con agentes de inmigración plantean preguntas urgentes sobre el uso de la fuerza, la transparencia y la rendición de cuentas.

Creo que entendemos mal esta crisis cuando la tratamos principalmente como una disputa sobre política migratoria. La inmigración es uno de los lugares donde se ha hecho visible una lucha política mucho más profunda. Estados Unidos continúa ejerciendo un enorme poder en todo el continente americano mientras entra en un mundo en el que ese poder es cada vez más cuestionado. Pero el país no actúa únicamente a través de un Estado abstracto. Su poder es autorizado, financiado, administrado, normalizado, cuestionado y transformado por la ciudadanía y por las instituciones en las que participa.

Para comprender lo que está sucediendo ahora, primero debemos entender cómo se construyó el sistema de control migratorio.

La administración nos dice que el país enfrenta una emergencia migratoria. La migración es presentada como una invasión, las personas inmigrantes como una amenaza y el poder extraordinario del gobierno como la respuesta necesaria. Dentro de este relato, la detención y la deportación se convierten en señales de que el gobierno está funcionando, y el debido proceso se convierte en un obstáculo. Cuanto mayor sea la percepción de peligro, más fácil resulta justificar acciones que, de otro modo, parecerían incompatibles con la gobernanza democrática.

Otro relato nos dice que el sistema migratorio está roto. Esta frase se repite en todo el espectro político, pero oculta más de lo que explica. Para algunas personas, “roto” significa que el gobierno no está deportando a suficientes personas. Para otras, significa que los casos de asilo tardan demasiado, que las familias esperan décadas por una visa, que los empleadores no pueden obtener la mano de obra que necesitan o que millones de personas han quedado sin una vía viable para regularizar su situación migratoria. La apariencia de acuerdo desaparece en cuanto preguntamos qué es, exactamente, lo que está roto y para quién.

La administración actual no creó su poder de control migratorio de la nada. Heredó instituciones, leyes, tecnologías, centros de detención, precedentes legales, sistemas de vigilancia y relaciones de cooperación para la aplicación de las leyes migratorias que se acumularon durante aproximadamente tres décadas. En 1996, el Congreso aprobó leyes que ampliaron considerablemente las causas de deportación, impusieron la detención obligatoria en muchos casos, limitaron la revisión judicial y dificultaron que incluso residentes de larga data pudieran defender su permanencia en Estados Unidos.

Después del 11 de septiembre de 2001, la migración fue absorbida cada vez más por el marco de la seguridad nacional. El control migratorio fue reorganizado bajo el Departamento de Seguridad Nacional, y un asunto civil relacionado con la residencia, el trabajo, la familia y la pertenencia política quedó institucionalmente fusionado con el contraterrorismo y la defensa nacional.

La administración de George W. Bush amplió la infraestructura fronteriza, la detención, las redadas en lugares de trabajo y la cooperación entre las autoridades federales y locales. La administración de Obama creó DACA y ofreció algunas formas de alivio, al mismo tiempo que supervisó un enorme aparato de deportación. La primera administración de Trump intensificó el sistema mediante la separación de familias, las restricciones al asilo, la expansión de la detención, las prohibiciones de viaje y el programa Permanecer en México. La administración de Biden revirtió algunas medidas, pero preservó gran parte de la arquitectura fundamental de control migratorio.

La administración actual está tomando posesión de este poder acumulado y utilizándolo de manera más agresiva, más visible y con menos límites democráticos. Reconocer esta historia no minimiza el peligro particular del momento presente. Nos permite comprender cómo ese peligro llegó a ser posible.

Los sectores progresistas ofrecen otro relato. Nos piden que seamos testigos de la crueldad del momento presente: familias separadas, personas que desaparecen dentro de los centros de detención, muertes bajo custodia, atención médica inadecuada, negación de representación legal, agentes enmascarados y comunidades enteras que viven bajo un miedo sostenido. Este testimonio es necesario. Abogadas, organizadores, autoridades locales, redes de apoyo mutuo, organizaciones dirigidas por inmigrantes y familias están realizando un trabajo indispensable para defender a las personas frente a la detención y la expulsión.

Existen excepciones importantes, particularmente entre los movimientos liderados por inmigrantes, los movimientos abolicionistas y los movimientos contra las fronteras. Pero la narrativa pública progresista dominante también puede limitar lo que somos capaces de ver. A menudo presenta cada escalada como algo sin precedentes, organiza la solidaridad alrededor de la figura del “buen inmigrante” y convierte el debido proceso en el horizonte final de la justicia.

Cuando la historia comienza y termina con Trump, se permite que las administraciones anteriores y el Partido Demócrata desaparezcan de la historia de cómo se acumuló este poder. Cuando la solidaridad depende de que la persona haya trabajado arduamente, pagado impuestos, seguido todas las instrucciones, no tenga antecedentes penales, haya criado hijos ciudadanos y haya contribuido a la comunidad, la pertenencia humana pasa a depender de una actuación exitosa de inocencia. Y cuando el debido proceso se convierte en el horizonte final de la justicia, olvidamos que un centro de detención con procedimientos funcionales sigue siendo un centro de detención. Una deportación realizada legalmente sigue siendo una deportación. Las protecciones procesales limitan el poder del Estado, pero no responden, por sí mismas, si ese poder está siendo utilizado hacia un propósito coherente o justo.

Los conservadores criminalizan a las personas inmigrantes. Los progresistas pueden inocentizarlas. Estas no son formas de poder equivalentes. La derecha actualmente dirige y expande el aparato coercitivo del Estado, mientras que las narrativas progresistas pueden limitar los términos desde los cuales se enfrenta ese poder. Sin embargo, ambas pueden borrar la condición de las personas inmigrantes como sujetos políticos.

Este borramiento se refuerza cuando las personas inmigrantes son representadas principalmente como personas que deben ser protegidas, representadas, financiadas, albergadas o rescatadas. Sus historias, su inteligencia política, sus relaciones y su capacidad para contribuir a la construcción del futuro desaparecen de la vista. La filantropía puede participar en este estrechamiento. A menudo financia la respuesta de emergencia, la defensa legal, los servicios directos y la educación pública mientras evita preguntas más profundas sobre el poder. Puede elevar a intermediarios profesionales por encima del liderazgo comunitario y convertir a comunidades políticas en poblaciones receptoras de servicios.

El problema no es que la protección sea innecesaria. Debemos defender a las personas ahora. El problema es que la protección puede convertirse en el papel político permanente asignado a las comunidades inmigrantes mientras las instituciones que organizan esa protección permanecen prácticamente intactas.

Pero incluso esta historia queda incompleta si la describimos únicamente como la historia del control migratorio.

Otro relato cada vez más común nos dice que la migración es inevitable. Las personas se desplazan debido a la alteración climática, la violencia, la desigualdad, la inestabilidad política, la demanda de mano de obra y los cambios demográficos. Esta perspectiva reconoce correctamente que el control migratorio por sí solo no puede detener el movimiento humano. Sin embargo, el lenguaje de la inevitabilidad también puede ocultar la responsabilidad.

La migración no ocurre simplemente como el clima. Las personas son desplazadas mediante arreglos particulares de poder.

En todo el continente americano, las personas se desplazan a través de las consecuencias de la conquista, el despojo de tierras Indígenas, la esclavización de pueblos Negros, las guerras respaldadas por Estados Unidos, el apoyo a gobiernos autoritarios, las políticas comerciales que desplazaron a agricultores, las industrias extractivas que sacan riqueza de las comunidades, la alteración climática producida de manera desproporcionada por los países ricos y los sistemas laborales que demandan trabajadores mientras les niegan una pertenencia política duradera.

El mismo orden hemisférico que concentra riqueza y seguridad en algunos lugares hace que la continuidad de la vida sea cada vez más difícil en otros. Luego trata a las personas que se desplazan a través de las consecuencias de ese orden como si fueran la fuente de la crisis.

La frontera es el lugar donde algunas de estas consecuencias se hacen visibles, pero no es donde comienza la historia. La historia comienza dondequiera que se arrebata la tierra, las economías son reorganizadas para la extracción, las comunidades son convertidas en desechables, los gobiernos son debilitados, se exige trabajo sin pertenencia política y las personas son separadas de las condiciones que les permitirían permanecer.

Por lo tanto, la política migratoria no puede comprenderse separada de las relaciones hemisféricas más amplias que producen desplazamiento, organizan el trabajo, distribuyen protección y determinan qué movimientos son considerados legítimos.

También existe una formación hemisférica distinta que está casi completamente ausente de esta conversación. No puede ser descrita adecuadamente como Latina, Hispana, Negra, Indígena, persona de color, documentada, indocumentada, nativa, extranjera, inmigrante o ciudadana. Sin ella, sin embargo, nada de esto puede comprenderse plenamente.

Llamo Terrenales a las personas que emergen a través de esta formación.

En la segunda parte, abordaré quiénes son los Terrenales, por qué muchos Terrenales son también ciudadanos estadounidenses y qué nos exige su emergencia en relación con la ciudadanía, la democracia y nuestra relación con el hemisferio.